El presidente colombiano, Iván Duque, estudia objetar algunos artículos de la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), un organismo que comenzó a operar en marzo del año pasado y que es la columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC.

Así lo informó este martes el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien afirmó a periodistas que el "Gobierno está analizando la posibilidad de unas objeciones" y no ahondó en detalles de lo que podría objetar el presidente Duque.

El funcionario explicó "el presidente tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de esas prerrogativas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria".

Sectores políticos, la Fiscalía de Colombia, e incluso la misma JEP han expresado sus puntos de vista acerca de la conveniencia o no de que el jefe de Estado firme o no la ley estatutaria, decisión que debe conocerse, como máximo, el próximo 11 de marzo.

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Su principal función es administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.

La posición del Gobierno se conoce luego de que el fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al presidente Duque en la que expresó sus preocupaciones sobre la ley estatutaria.

Martínez cuestionó que los reinsertados que sigan cometiendo delitos graves, como secuestro y narcotráfico, podrían seguir gozando de los beneficios de la jurisdicción especial.

Ese marco jurídico, según el fiscal Martínez, también permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.

"Señor presidente, tengo la certeza de que usted compartirá las preocupaciones de este despacho, en el propósito común de que la nación consolide una paz justa, legítima y duradera", concluyó el fiscal en una carta de nueve páginas.

Sobre las preocupaciones expresadas por Martínez, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró este martes que "lo que se está abriendo es un debate político, que ya se dio en el Congreso".

Al referirse a los temores expresados por el fiscal respecto de la eventual impunidad, Linares aseguró que "precisamente la Jurisdicción fue diseñada para garantizarles a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá tal y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.

Recordó que la JEP estudiará delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 y que en consecuencia "los delitos que se comentan después de esa fecha son de competencia de la jurisdicción ordinaria".

La JEP detalló que la sanción de la ley beneficiará a 9.691 desmovilizados de las FARC, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado que hasta el momento se han sometido.

EFE